Argentina se encuentra en medio de una nueva controversia tras el decreto del gobierno de Javier Milei que restringe la ley de acceso a la información pública, generando preocupación entre organizaciones civiles y medios de comunicación.
El decreto excluye la obligación del Estado de proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios y documentos preparatorios de decisiones estatales, ampliando los criterios de excepción. Esta medida limita el derecho de los ciudadanos a acceder a información que antes era pública.
Los críticos consideran que esta decisión, que impide indagar en aspectos como las visitas a la residencia oficial de Olivos, representa un retroceso en la transparencia y una amenaza a la libertad de información en el país.