En el caso Operación Calamar, Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, dos de los acusados, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para entregar casi 40 millones de pesos como parte de un criterio de oportunidad. Ambos admitieron su culpabilidad en un supuesto caso de corrupción administrativa.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aprobó la solicitud del criterio de oportunidad presentada por el Ministerio Público a favor de estos dos colaboradores. Según el expediente, Ovalle Sánchez y Peña Hernández se asociaron con el exsenador de Azua, Rafael Calderón Martínez, para firmar cesiones de crédito ficticias, lo que les permitió cobrar sobornos relacionados con la tramitación de pagos por expropiaciones de terrenos ante el Ministerio de Hacienda.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la colaboración eficaz de los dos implicados en la investigación de la supuesta red de corrupción. Esta red, según la acusación, estaba encabezada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, y otros exfuncionarios.
Además de Ovalle Sánchez y Peña Hernández, otros seis acusados en este caso, junto con un grupo comercial, han negociado con el Ministerio Público y acordado devolver bienes para indemnizar al Estado. El caso involucra a 31 acusados y 12 empresas, y según la acusación, se trató de una “mega operación” de lavado de activos y corrupción liderada por altos exfuncionarios del gobierno anterior.
En el caso Operación Calamar, Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, dos de los acusados, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para entregar casi 40 millones de pesos como parte de un criterio de oportunidad. Ambos admitieron su culpabilidad en un supuesto caso de corrupción administrativa.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aprobó la solicitud del criterio de oportunidad presentada por el Ministerio Público a favor de estos dos colaboradores. Según el expediente, Ovalle Sánchez y Peña Hernández se asociaron con el exsenador de Azua, Rafael Calderón Martínez, para firmar cesiones de crédito ficticias, lo que les permitió cobrar sobornos relacionados con la tramitación de pagos por expropiaciones de terrenos ante el Ministerio de Hacienda.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la colaboración eficaz de los dos implicados en la investigación de la supuesta red de corrupción. Esta red, según la acusación, estaba encabezada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, y otros exfuncionarios.
Además de Ovalle Sánchez y Peña Hernández, otros seis acusados en este caso, junto con un grupo comercial, han negociado con el Ministerio Público y acordado devolver bienes para indemnizar al Estado. El caso involucra a 31 acusados y 12 empresas, y según la acusación, se trató de una “mega operación” de lavado de activos y corrupción liderada por altos exfuncionarios del gobierno anterior.